Gobierno en apuros e infractores sueltos: la pesadilla en España por la Ley del 'sólo sí es sí'

En España, la modificación de la ley de delitos sexuales, que entró en vigor en octubre de este año, se convirtió en una pesadilla: como si tuviera un efecto contrario al deseado -que era dar mayor protección a las víctimas-, está provocando, en algunos casos, reducciones de penas encarcelar a quienes ya habían sido condenados por abuso sexual.

Es la ley orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual que los españoles conocen como “la ley del sólo sí es sí”.

Celebrado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, como uno de sus logros dentro del Gobierno de coalición PSOE-Podemos que integra desde Unidas Podemos, la novedad de la norma establece que El consentimiento en todo contacto sexual es decisivo al perseguir delitos de este tipo.

La nueva ley ya no distingue entre abuso y agresión sexual y amplía las conductas punibles al considerar que la agresión no necesita de la violencia o la intimidación para ser valorada como tal.

Es decir, de ahora en adelante, para la ley, todo acto sexual sin consentimiento es considerado una agresión sexual

El problema

Sin embargo, al asignar sentencias, la nueva ley modificó el rango de algunas penas mínimas: el delito de agresión, por ejemplo, corresponde a una pena de cuatro años de prisión, mientras que en el Código Penal anterior era un delito castigado con seis años de prisión.

La Corte Suprema debe sentar jurisprudencia sobre la interpretación de la ley e incluso es posible que un recurso de amparo llegue a la Corte Constitucional.

La aplicación de “la ley del sólo sí es sí” ya ha provocado, según la prensa española, que los tribunales rebajar al menos doce penas a los agresores sexuales y esos otros cinco han recuperado su libertad.

Los condenados se basan en que el Código Penal español contempla que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorecen al imputado, aun cuando al momento de su entrada en vigor se hubiera dictado sentencia ejecutoriada y el súbdito se hallase cumpliendo condena”.

“Me da mucha impotencia. Y ansiedad”, confiesa a la televisión pública española Lucía, que fue abusada por su tío cuando era niña. La justicia lo condenó a 11 años de prisión pero Ya ha pedido la revisión de su condena.

“Remiendo la Ley”

Ante el persistente goteo de solicitudes de revisión de sentencia que están recibiendo los distintos juzgados españoles, la Fiscalía General del Estado estudios “parchean” la ley de solo si es que sí, al menos hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

El concepto que podría aplicarse es el de desestimar la revisión de la pena si la pena impuesta según la ley ya derogada también puede establecerse según la nueva norma.

Esto podría precisarse teniendo en cuenta una disposición transitoria del Código Penal español: la que establece que “en las penas de prisión, no se considerará más favorable cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible”. de conformidad con el nuevo Código".

La polémica se suma un dolor de cabeza para el presidente del gobierno de coalición, Pedro Sánchez, quien había calificado la modificación de la ley como “una conquista feminista” para “reforzar la seguridad de las mujeres”, algo que las españolas no sienten estos días.

Para la ministra Montero, “el machismo puede llevar a jueces que aplicar mal una ley”.

“Este machismo compromete la integridad e imparcialidad de los sistemas de justicia y eso se trabaja con formación obligatoria”, ha añadido la ministra de Igualdad.

Un problema de interpretación

“En el caso de la ley para la Protección Integral de la Libertad Sexual lo que ha ocurrido es un problema de interpretación jurídica, es decir de los jueces que tienen que interpretar esa norma”, dijo. clarín ex juez Baltasar Garzón.

“Esta ley se enfoca en el consentimiento. La reforma incluye lo que antes se denominaba abuso sexual en la conducta de agresión sexual. Hay varios comportamientos por lo que se ha intentado establecer una uniformidad de penas -explicó Garzón-. Esa uniformidad de las penas, en un sentido amplio o global, establece un límite inferior en la parte inferior de la pena y un límite prácticamente idéntico en las demás conductas. Pero habiendo incluido el llamado abuso sexual, se incrementan las penas por estas conductas”.

Para resolver si una sentencia ya firme puede ser revisada y luego modificada, “el que tiene que revisar es el mismo tribunal que impuso esa sentencia”, dijo Garzón.

“Hay que ver la descripción de los hechos probados y la valoración que también se hizo en el juicio oral. El tribunal que vio el juicio oral, que vio la prueba, vio a los testigos, vio a los acusados, tienes que reevaluarlo ahora a la hora de medir esa pena”, enfatizó.

“Es un problema de interpretación pero siempre hay que tener presente la protección de la víctima”, subrayó el exjuez.

El caso de la Manada

La ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual nació como reivindicación en casos polémicos como el de La Manada, la violación en grupo sufrida por una joven de 21 años durante los Sanfermines de 2016, que inicialmente contemplaba una pena menor por violación pero luego se logró que el delito fuera reconocido como agresión y se aumentara la pena de los imputados.

Cuando en agosto de este año Podemos consiguió que el Congreso aprobara la ley -contra la que votaron PP y Vox-, la ministra Montero celebró: “Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en un atentado para que sea considerado como tal, como una agresión sexual”, dijo entonces.

“Reconocemos toda violencia sexual como violencia contra la mujer, como violencia machista y, por ello, el Estado brinda un itinerario de atención y reparación integral para todas las mujeres que son víctimas de violencia sexual. Es el grito feminista de la 'Solo si es si'de 'Hermana, te creo' eso se convierte en ley en nuestro país”, agregó.

En el acuerdo de coalición de gobierno de 2019, el PSOE y Unidas Podemos se comprometían: “Reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima es clave en los delitos sexuales, de forma que, si una mujer no dice que sí, todo lo demás no es. O sea, sólo el sí es sí”, postularon. Sin tener en cuenta, seguramente, los golpes que la modificación de la ley está descargando sobre la sociedad española.

Madrid. Corresponsal

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